Y venga noticias de caciquismo y de colegueo. Veo en un diario electrónico un resumen de un hecho que se esta produciendo por la manía de mi amigo Zopla Pollas de tenerlo todo controlado.
Esto consiste en que había problemas en el cada vez más devaluado Tribunal Constitucional. Resulta que el nuestro querido presidente quería utilizarlo para poder sacar adelante el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pero había trabas ya que uno de los jueces, entre otros, que componían es alto tribunal se negaba. El nombre de esa persona era Roberto García-Calvo.
Roberto García-Calvo fue atacado de muchas maneras desde políticos con sede en la calle Ferraz de una conocida villa española. Incluso salieron noticias acerca de que el CNI había utilizado a un delincuente habitual como colaborador con la intención de desprestigiar a este magistrado. Este delincuente es conocido como el “Charli” Garcerán. Parece ser, como anunciaba El País, que el juez apunto a “Charli” con una pistola tras tener una discusión referente al un conflicto de trafico. ¿Cuáles eran los motivos para intentar desprestigiar a una persona? ¿Tal vez por que no era compatible con la ideología del partido en el poder?
No sabían como quitárselo de en medio. Pero al final no hizo falta actuar más. Tristemente este juez falleció hace unos dos meses. Y lo triste es que se ha marchado dejando su nombre sin posibilidad de defensa ante la gentuza manipuladora de este país. Ya sabéis. Prisoe.
Ahora viene algo que si que es gracioso.
Al parecer, una persona que ocupe una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional, así como cualquier otro tipo de juez, se ve acogido a un cierto número de incompatibilidades. Una de estos supuestos de incompatibilidad esta previsto en el articulo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que dice “El cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. El incumplimiento de este artículo es considerado falta “muy grave” y las sanciones previstas son de mayor a menor “separación, traslado forzoso o suspensión”.
Pues bien. La presidenta del TC es la señora María Emilia Casas, puesta en su cargo por elección del PZOE, en manos del ZoplaPollas. Y sobre esta 
mujer cae la sospecha de que ha incumplido el articulo de la LOPJ antes descrito ya que asesoro, por mediación de una amiga común y estando en su cargo de magistrada, a una mujer, hoy ingresada en prisión, por haber, supuestamente, encargado el asesinato de su marido. Además, y sonara a chiste, en el asunto esta involucrada, aunque desconozco si de manera activa, una de las personas mas importantes de este país. Ana García Obregón. La persona que hizo de intermediario con el asesino del marido de la asesorada fue Eloy Sánchez Barba, hoy en prisión, en relación a un homicidio (puede que al mismo). Y sabéis, si veis la tele rosa. Este tal Eloy es el ex-guardaespaldas de Ana Obregón. Aquí no me meto. Esto ya es carnaza para los programas de la tan famosa telebasura española
Pero no me desvío del tema serio. Que hará el Gobierno de la Nación para solucionar todos los problemas que se están creando con las elecciones por parte de distintos partidos políticos de magistrados para Tribunales de orden superior en la jerarquía judicial española. ¿No debería ser imparcial e independiente el Poder Judicial del Legislativo y del Ejecutivo a fin de asegurar el equilibrio de poderes?
Pues si, pero esto es España y nunca, ni PSOE ni PP han respetado esto. Esto es el show celtibérico. Nunca cambiaremos.
Hace 19 horas.
